Estoy cansado de noticias que en los grandes medios de comunicación de España, medios privados principalmente, ponen en primer plano en el debate público lo que no es importante: la corrupción política. Estoy cansado de comprobar una y otra vez que el sano debate ideológico ha sido sustituido por una mera trifulca de «y tú más» en el terreno de las apariencias. Yo no soy de andarme meramente en las apariencias y me cansa que me conciten a debatir ahí dónde lo esencial está desaparecido. A todos esos que me proponen debates superficiales les invito a entrar en otro muy distinto que debería estar presente todos los días y a todas horas en esos medios de comunicación —repito, privados principalmente—; debate sobre las cuestiones esenciales de la economía que afectan a la grandes mayorías sociales.

Parto de las siguientes consideraciones: El enriquecimiento personal desmesurado es una injusticia. Esta injusticia está presente en lo legal y en lo ilegal. En lo legal esta injusticia no es señalada. En lo ilegal, en cambio, es señalada y además, condenada. Pero en la legalidad la cuantía de ese enriquecimiento es muchísimo más grande que en la ilegalidad, tanto como una montaña a una piedra. De manera que el enriquecimiento desmesurado legal es sustancial al sistema, mientras que el ilegal es accidental a él. No acepto un debate sobre lo accidental cuando lo sustancial en este caso, es decisivo para tener una visión objetiva de la realidad.

Supongamos un ciudadano español que en 2024 se compra para uso personal dos yates de lujo: uno, valorado en 300 millones de euros y otro, valorado en 182 millones; 482 millones en total. Supongamos que ese ciudadano ha ingresado en el mismo año, 2.846 millones de euros. Y supongamos que su patrimonio personal asciende a 115.000 millones de euros. Todo esto sucede dentro de la legalidad.

Tenemos pues que considerar tres cantidades: 1) 482 millones de euros; 2) 2.846 millones de euros y 3) 115.000 millones de euros. Empecemos a hacer cuentas con ellas y descubramos las consecuencias de esta injusticia que la ley ampara. 

Supongamos que estas cantidades no son propiedad de nuestro ciudadano particular, sino del Estado y que el Estado enfrenta el actual problema de la vivienda y que una de las medidas que toma para solucionar el problema es la construcción de vivienda social para alquilarla a precios de mercado asequibles para la mayoría de ciudadanos de clase media trabajadora ¿Cuántas casas podrá construir el Estado con cantidades de dinero como las que posee para sí nuestro ciudadano particular? 

Para iniciar el cálculo tomemos por ejemplo como referencia el costo de construcción de la vivienda en Madrid de 2024 situado en un rango entre 1.000 euros y 2.700 euros por metro cuadrado, según la calidad de materiales, ubicación o tipo de vivienda. Situémonos aproximadamente en la mitad de este rango: 1.900 euros. Supongamos que las viviendas a construir son de 100 metros cuadrados cada una, suficientes para albergar a tres miembros familiares. En estas condiciones el costo de construcción por casa asciende a 190.000 euros cada una.

Consideremos ahora el precio medio de alquiler en Madrid en el mismo año: 20,62 euros el metro cuadrado al mes. Según esto ¿Cuánto cuesta el alquiler de cada una de estas casas en condiciones de libre mercado? 2.062 euros al mes.

Si el Estado invirtiera la cantidad con la que nuestro ciudadano particular adquirió los yates de lujo, 482 millones de euros, en la construcción de vivienda social para arrendar entonces nos saldría que construye un total aproximado 2.537 viviendas. Esto implica que 2.537 familias de tres miembros cada una, 7.611 personas en total, se beneficiarían de este tipo de viviendas.

Si el Estado invirtiera la cantidad que ingreso nuestro ciudadano particular al final de 2024, 2.846 millones de euros, en lo que nos ocupa entonces nos saldría que construye un total aproximado 14.979 viviendas. Esto implica que 14.979 familias de tres miembros cada una, 44.937 personas en total, se beneficiarían de este tipo de viviendas.

Si el Estado invirtiera la cantidad que representa el patrimonio personal de nuestro ciudadano particular, 115.000 millones de euros, en lo que nos ocupa entonces nos saldría que construiría un total aproximado 605.263 viviendas. Esto implica que 605.263 familias de tres miembros cada una, 1.815.789 personas en total, se beneficiarían de este tipo de viviendas.

¿Y en qué sentido se beneficiarían estas familias? Hagamos el cálculo partiendo del último supuesto.

Si según la Encuesta del INE (Instituto Nacional de Estadística), la renta neta media por hogar en Madrid en 2024 es de 44.889 euros y esta cantidad se fracciona en 12 meses, resulta entonces que una familia ingresa 3.740 euros mensuales. Si para dicha familia el precio del alquiler, precio de mercado, es de 2.062 euros mensuales, entonces la familia dispone para el resto de los gastos del mes de 1.678 euros. En cambio si el Estado establece el precio de sus viviendas sociales en alquiler en 600 euros mensuales, entonces la familia dispondrá para el resto de gastos del mes de 3.140 euros: una diferencia de renta disponible de 1.462 euros entre el segundo caso respecto del primero.

Si la diferencia en renta disponible 1.462 euros la multiplicamos por el número de familias de nuestro tercer cálculo, 605.263 familias, nos da una cantidad de renta disponible no destinado a la vivienda de 884.894.506 euros y destinada a la compra de otros bienes de consumo y al ahorro por parte de las familias consideradas ¡Cerca de 900 mil millones de euros fluyendo en la economía de Madrid para beneficio social de las clases trabajadoras!

¿Qué impide entonces que estas familias madrileñas no accedan a esta beneficiosa realidad? El hecho legal por el cual un ciudadano particular puede acumular un patrimonio personal de 115.000 millones de euros.

No importa en absoluto para el asunto que hasta aquí nos ha ocupado, que este ciudadano se llame Periquito de los Palotes o Amancio Ortega, principal accionista de Inditex.

Lo que importa es la existencia de este tipo de hechos de enriquecimiento personal desmesurado y cómo los medios de comunicación de propiedad privada nunca se ocuparan de ellos; ni de señalarlos, ni de condenarlos.

Y lo que importa también es que en este hecho la apariencia oculta su esencia cuando a nuestro ciudadano particular se le señala y se le aplaude como modelo de hombre «hecho a sí mismo» que procura «trabajo» y que se prodiga en gestos filántropos hacia la sociedad.

David Galán Parro

17 de junio de 2025